El Gobierno trabaja en una normativa que impactará en distintas modalidades online, desde la ruleta hasta el bingo.
El Gobierno prepara un real decreto que impondrá a los jugadores online la obligación de fijar, antes de cada sesión, dos parámetros esenciales: el tiempo máximo de juego y la cantidad máxima de dinero a gastar. La iniciativa, elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y el Ministerio de Consumo, persigue que los usuarios mantengan el control y eviten que el impulso de seguir apostando les lleve a decisiones poco meditadas.
El texto, actualmente en fase de análisis tras recibir una treintena de alegaciones, pasará por la Comisión Europea y el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva. Según las previsiones, podría entrar en vigor a finales de este año o principios de 2022. La medida se aplicará a juegos incluidos en la licencia de “Otros juegos”, entre ellos bingo, ruleta, blackjack, punto y banca y tragaperras. Cada sesión concluirá cuando se alcance el límite de gasto o el tiempo establecido, lo que suceda primero. Aunque el jugador podrá iniciar otra sesión, siempre tendrá que volver a configurar los topes.
El decreto establece que en ningún caso se podrán superar los límites máximos ya previstos por ley: 600 euros al día o 1.500 a la semana. En base a estos parámetros se definen los llamados “jugadores intensivos”: quienes superen el 50 % de dichos topes —300 euros diarios o 750 semanales— durante tres jornadas o semanas consecutivas.
En el caso de los menores de 25 años, los umbrales serán más estrictos. Bastará con alcanzar el 25 % de los límites, es decir, gastar 150 euros dos días seguidos o 375 euros en dos semanas consecutivas, para ser considerados intensivos. Los expertos advierten de que superar estas cantidades puede desembocar en un juego desordenado, aunque solo alrededor del 15 % de los jugadores activos llega a tales niveles. El resto, más del 85 %, se mantiene dentro de márgenes moderados.
Para este grupo de jugadores, se aplicarán restricciones adicionales: no podrán usar tarjetas de crédito para financiar sus apuestas, únicamente débito o monederos electrónicos, evitando así que jueguen con dinero prestado. La DGOJ ha detectado un incremento sostenido del gasto medio anual por jugador, que ha pasado de 312 euros en 2016 a 533 euros en 2020, así como un aumento en las cuentas de usuarios jóvenes de 18 y 19 años.
Con el fin de proteger a estos colectivos, los operadores tendrán prohibido incluir a los menores de 25 años en programas VIP, ofrecerles regalos o beneficios especiales. Además, si son clasificados como intensivos, recibirán mensajes específicos alertándoles de esa condición.
La aprobación de este real decreto no solo responde a una preocupación creciente por el aumento del gasto y la presencia de jugadores jóvenes en el entorno digital, sino que también marca un punto de inflexión en la forma en que se concibe el juego online en España. Al imponer límites claros, restringir el acceso al crédito y reforzar la protección a los más vulnerables, el país se encamina hacia un modelo de entretenimiento más regulado y sostenible.
Estas medidas, aunque suponen un reto para los operadores, pueden contribuir a mejorar la imagen del sector y a generar mayor confianza entre los usuarios. A medio plazo, el mercado español de gambling podría transformarse en una referencia europea en materia de juego responsable, donde la rentabilidad empresarial y la protección del consumidor encuentren un equilibrio más sólido.
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